La Cámara de Diputados solicitará a los gobiernos estatales y del Distrito Federal congelar la apertura de los 197 centros de juego autorizados por la Secretaría de Gobernación, en tanto se resuelve la controversia constitucional alusiva que discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una reunión de la Comisión Legislativa que investiga el otorgamiento de estos permisos, se propuso también solicitar al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, realizar un operativo para clausurar y decomisar las máquinas "tragamonedas" que de manera ilegal y masiva, operan en el país.

El acuerdo aprobado por esta instancia y que será turnado para su ratificación, destaca que se deben congelar esos permisos, porque hay elementos suficientes de que resultaron beneficiarios empresarios de "dudosa calidad moral" para dedicarse a esa actividad.

Incluso, el diputado del PRD, Arturo Nahle García, aseguró que Jorge Gastélum Miranda, es abogado y representante legal de la empresa Administradora Mexicana del Hipódromo, quien desde 1997 obtuvo permiso para operar.

Dicha empresa es de las que se encuentran en espera de recibir nuevos permisos para operar centros de apuestas y la cual ha sido denunciada por no pagar premios a ganadores, realizar apuestas prohibidas o de eventos inexistentes.

En la misma reunión se conocieron nombres de las empresas que han recibido este tipo de permisos desde 1997, como la Sinca-Inbursa, la cual tiene relación con la Administradora Mexicana del Hipódromo S.A.

El presidente de dicha comisión, Héctor Gutiérrez de la Garza, precisó que dicha comisión tomó también el acuerdo de solicitar al Centro de Estudios de Derecho de esta Cámara, que realice el análisis sobre la legalidad o ilegalidad de los permisos otorgados.

El segundo punto es solicitarle respetuosamente a cada uno de los gobiernos locales, incluyendo el gobierno del Distrito Federal, a que no emitan opiniones favorables sobre autorizaciones para el inicio de operación de estos centros de apuesta, hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional, apuntó.

Ello a fin de que se verifique cuidadosamente a quién le otorgan ese tipo de permisos que lamentablemente se pasó de largo en la pasada administración de Gobernación, dijo, porque hay permisionarios que, en su momento será demostrado, no poseen la calidad moral para haber recibido esas autorizaciones.

Argumentó que también se exhortará mediante un punto de acuerdo que se presentará al pleno de la Cámara la siguiente semana, al secretario Abascal para que no otorgue autorización para el inicio de operación de estos nuevos centros de apuesta.

De la Garza expuso que frente al grave problema social de las máquinas "tragamonedas", la secretaría de Gobernación es la facultada para proceder a la clausura de los centros donde operen y en su momento la denuncia correspondiente a la Procuraduría General de la República.